Funciones del IDAIP pasan al Tribunal de Justicia Administrativa

27 de Noviembre de 2025

• Ciudadanía seguirá contando con mecanismos efectivos para acceder a la información y proteger sus datos personales

Por unanimidad, el Congreso del Estado aprobó las reformas constitucionales para que las funciones del Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales (IDAIP) las asuma ahora el Tribunal de Justicia Administrativa, quien será la instancia encargada de conocer y resolver el recurso procesal que se interponga en esta materia.

El dictamen que presentó la Comisión de Puntos Constitucionales, asegura que la ciudadanía seguirá contando con mecanismos efectivos para acceder a la información gubernamental y proteger sus datos personales, fortaleciendo la transparencia y la rendición de cuentas en Durango.

Con el aval de las y los legisladores, se establece que la función del tribunal deberá apegarse estrictamente a los principios de legalidad, independencia, imparcialidad, transparencia y máxima publicidad.

En el caso del Poder Ejecutivo, su órgano de Contraloría tendrá la obligación de diseñar políticas públicas y mecanismos de supervisión para asegurar el cumplimiento de las disposiciones de transparencia en todas sus dependencias y entidades. El Poder Legislativo, por su parte, deberá garantizar este derecho mediante su órgano interno de control o su área homóloga, asegurando que el Congreso cumpla plenamente con sus obligaciones en la materia.

En el Poder Judicial, el órgano interno de control será responsable de vigilar el adecuado manejo de la información y el respeto a la protección de datos personales. Asimismo, los municipios deberán contar con áreas responsables de transparencia que atiendan solicitudes, mantengan actualizada la información y coordinen la publicación de datos. La vigilancia sobre el cumplimiento municipal recaerá en el órgano encargado de la Contraloría del Poder Ejecutivo.

Finalmente, los Órganos Constitucionales Autónomos también deberán garantizar la observancia de las disposiciones en esta materia a través de sus propios órganos internos de control o áreas equivalentes.