Propone Sandra Amaya blindar retenciones y aportaciones de trabajadores municipales
La diputada Sandra Amaya Rosales propuso reformar la Ley de Disciplina Financiera para proteger las retenciones salariales de trabajadores municipales
Con el propósito de proteger los recursos que los ayuntamientos descuentan del salario de sus trabajadores por concepto de impuestos, seguridad social y aportaciones para pensiones, la coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, Sandra Amaya Rosales, presentó una iniciativa para establecer mecanismos de blindaje financiero que garanticen que ese dinero llegue oportunamente a las instituciones correspondientes.
Al presentar la propuesta para reformar la Ley de Disciplina Financiera y de Responsabilidad Hacendaria del Estado de Durango y sus Municipios, explicó que cuando un trabajador municipal cumple con su aportación mediante el descuento de su salario, corresponde al Ayuntamiento respetar el destino de esos recursos y evitar utilizarlos para cubrir otros compromisos financieros.
“Detrás de cada descuento hay horas de trabajo. Hay personal que recoge la basura, mantiene nuestras calles, atiende a la ciudadanía y sostiene los servicios municipales. Por eso, el dinero que se retiene de su salario merece un manejo responsable y un destino cierto”, expresó.
Como secretaria de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, destacó la importancia de esta iniciativa en el actual contexto legislativo, luego de que se analizaran y aprobaran los dictámenes de las cuentas públicas de los 39 municipios y comenzara la revisión de sus respectivas leyes de ingresos.
La propuesta contempla tres medidas fundamentales: proteger las retenciones desde el momento en que se realizan, establecer programas de regularización para los municipios que ya tengan obligaciones vencidas y fortalecer la transparencia mediante informes mensuales a la Auditoría Superior del Estado.
En el primer punto, se plantea que los ayuntamientos mantengan disponibilidad suficiente de los recursos retenidos para entregarlos a sus destinatarios, además de proteger las partidas destinadas a las aportaciones municipales de pensiones o al IMSS, cuando su reducción o transferencia pueda provocar o incrementar adeudos vencidos.
En cuanto a los municipios que ya registran obligaciones pendientes, deberán elaborar un programa de regularización que precise los montos adeudados, las instituciones acreedoras, los periodos correspondientes y los recursos previstos para cubrirlos. Este programa tendrá que ser aprobado por el Ayuntamiento y respetar las condiciones establecidas por las autoridades correspondientes.
La tercera medida establece la obligación de informar mensualmente a la Auditoría Superior del Estado cuánto dinero fue retenido, cuánto se entregó y qué saldos vencidos permanecen pendientes, con el propósito de facilitar la vigilancia y el seguimiento de las finanzas municipales.




