Avanza iniciativa para garantizar pensión alimentaria desde prisión

05 de Marzo de 2026

• No podemos permitir que se abandone la responsabilidad familiar: Fernando Rocha

Por unanimidad, el Congreso del Estado aprobó enviar al Congreso de la Unión el dictamen de la iniciativa de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de establecer que el sistema penitenciario del país implemente y opere un régimen que garantice el pago de las obligaciones alimentarias de las personas que se encuentren privadas de su libertad, en favor de quienes tienen derecho a recibirlas.

Durante la sesión ordinaria se discutió la iniciativa presentada en su momento por el Grupo Parlamentario del PAN, la cual fue analizada y dictaminada por la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso local.

“La realidad nos ha mostrado un vacío que no podemos ignorar. Cuando una persona es privada de su libertad, sus obligaciones alimentarias con frecuencia quedan relegadas, como si la reclusión significara también el abandono de su responsabilidad familiar, y eso no puede permitirse”, señaló el diputado Fernando Rocha Amaro durante la aprobación del dictamen.

El legislador consideró que con esta propuesta se da un paso decisivo para fortalecer a la familia como núcleo central de la vida social, ya que establecer mecanismos que garanticen el cumplimiento de las obligaciones alimentarias dentro del sistema penitenciario no solo protege a los sectores más vulnerables, sino que también fortalece la responsabilidad individual, la justicia social y la verdadera reinserción.

“Una reinserción auténtica no puede construirse sobre el abandono familiar. Una sociedad justa no puede permitir que los hijos paguen el costo de las omisiones de los adultos, y un Estado responsable no puede dejar sin protección a quienes más dependen de su actuación”, expresó.

Agregó que este dictamen coloca en el centro a la familia, reconoce la dignidad de la infancia y reafirma que el cumplimiento de las obligaciones alimentarias es un deber permanente. Garantizar que las personas privadas de la libertad continúen cumpliendo con sus responsabilidades familiares fortalece los vínculos afectivos, previene la desprotección y contribuye a construir una sociedad más humana y más justa.

“En Durango la familia importa, la infancia se protege y la responsabilidad nunca se abandona. Que nuestra decisión esté guiada por el interés superior de la niñez, por la fortaleza de las familias y por el compromiso de construir una sociedad más justa y solidaria”, resaltó.

Finalmente, señaló que la responsabilidad de cuidar, sostener y proteger a los hijos no es negociable ni opcional, y no desaparece bajo ninguna circunstancia, ya que el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir alimentos forma parte de su derecho a vivir con dignidad, a desarrollarse plenamente y a crecer en condiciones que les permitan construir un proyecto de vida.