Seguridad

FGED obtiene sentencia condenatoria por feminicidio agravado cometido en 2012

La Fiscalía General del Estado de Durango obtuvo sentencia condenatoria contra Salvador Leonel Gallardo por el feminicidio agravado de Adela Batres Cazares. El juez le impuso una pena de 29 años, 11 meses y 29 días de prisión.

Redacción Ángulo Informativo
FGED obtiene sentencia condenatoria por feminicidio agravado cometido en 2012

La Fiscalía General del Estado de Durango (FGED) obtuvo sentencia condenatoria contra Salvador Leonel Gallardo por su responsabilidad penal en el delito de feminicidio agravado cometido en contra de Adela Batres Cazares, de 42 años, quien falleció a causa de traumas múltiples. La resolución fue dictada en procedimiento abreviado por el Juez de la Causa.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el 11 de junio de 2012 Adela viajó a esta ciudad para encontrarse con Salvador Leonel, con quien mantenía una relación sentimental. Él la recibió en la Central Camionera y después la llevó a un domicilio ubicado en la calle Poanas, del fraccionamiento Villas del Guadiana VI.

Según la Fiscalía, Salvador Leonel privó de la vida a Batres Cazares, colocó su cuerpo en bolsas negras y trasladó los restos al camino de terracería que conduce del fraccionamiento Los Encinos hacia el poblado Contreras, en esta capital. Después se dio a la fuga.

Tras el hallazgo de los restos el 20 de junio de 2012, el Agente del Ministerio Público abrió la carpeta de investigación. Elementos de la Policía Investigadora de Delitos y Servicios Periciales realizaron las indagatorias correspondientes, con las que se fundamentó la presunta responsabilidad de Salvador Leonel, quien fue aprehendido mediante un mandato judicial.

El juez condenó a Salvador Leonel Gallardo a una pena privativa de la libertad de 29 años, 11 meses y 29 días, al pago de una multa de 128 mil 144 pesos y, por concepto de reparación del daño, a 354 mil 706 pesos.

La FGED reiteró su compromiso con el esclarecimiento de los hechos, el acceso a la justicia para las víctimas y la lucha contra la violencia hacia las mujeres, con procesos que se ajusten a la legalidad.

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