Congreso de Durango aprueba enviar a la Federación iniciativa para pagar pensión alimentaria desde prisión

Por unanimidad, el Congreso del Estado de Durango aprobó enviar al Congreso de la Unión el dictamen de la iniciativa de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El propósito es que el sistema penitenciario del país implemente y opere un régimen que garantice el pago de las obligaciones alimentarias de las personas privadas de su libertad, en favor de quienes tienen derecho a recibirlas.

La iniciativa fue presentada en su momento por el Grupo Parlamentario del PAN y fue analizada y dictaminada por la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso local. Su discusión se realizó durante una sesión ordinaria.

Al respecto, el diputado Fernando Rocha Amaro señaló: “La realidad nos ha mostrado un vacío que no podemos ignorar. Cuando una persona es privada de su libertad, sus obligaciones alimentarias con frecuencia quedan relegadas, como si la reclusión significara también el abandono de su responsabilidad familiar, y eso no puede permitirse”.

El legislador consideró que la propuesta fortalece a la familia como núcleo central de la vida social. Según expuso, establecer mecanismos que garanticen el cumplimiento de las obligaciones alimentarias dentro del sistema penitenciario protege a los sectores más vulnerables, fortalece la responsabilidad individual, la justicia social y la verdadera reinserción. Añadió: “Una reinserción auténtica no puede construirse sobre el abandono familiar. Una sociedad justa no puede permitir que los hijos paguen el costo de las omisiones de los adultos, y un Estado responsable no puede dejar sin protección a quienes más dependen de su actuación”.

Rocha Amaro también afirmó: “En Durango la familia importa, la infancia se protege y la responsabilidad nunca se abandona. Que nuestra decisión esté guiada por el interés superior de la niñez, por la fortaleza de las familias y por el compromiso de construir una sociedad más justa y solidaria”.

Finalmente, el diputado señaló que la responsabilidad de cuidar, sostener y proteger a los hijos no es negociable ni opcional, y que el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir alimentos forma parte de su derecho a vivir con dignidad, a desarrollarse plenamente y a crecer en condiciones que les permitan construir un proyecto de vida.